Tus derechos frente a la Inteligencia Artificial en Perú: qué exige la Ley 31814

Es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del Perú, publicada el 5 de julio de 2023. Busca que la IA se desarrolle privilegiando a la persona y los derechos humanos, con un uso ético, sostenible, transparente y responsable. La autoridad técnico-normativa es la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

El reglamento (D.S. 115-2025-PCM) está vigente desde el 22 de enero de 2026, pero su implementación obligatoria es gradual por sectores. Desde el 10 de setiembre de 2026 ya es obligatoria en salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas. Transporte, comercio y trabajo se suman en 2027; producción, agricultura, energía y minería en 2028; y todo lo demás, en 2029.

Un sistema cuyo uso está permitido pero exige controles adicionales obligatorios por su impacto en tus derechos: gestión de activos críticos, evaluación educativa de menores, selección laboral, acceso a programas sociales, evaluación crediticia y acceso a salud con impacto significativo, entre otros.

Manipularte con técnicas subliminales, desarrollar armas letales autónomas sin supervisión humana, hacer vigilancia masiva sin base legal, inferir datos sensibles desde tu biometría, identificarte en tiempo real en espacios públicos (salvo excepciones legales) o pretender predecir delitos según tu perfil.

Es la obligación de marcar de forma visible cuando un producto, servicio o contenido fue generado con inteligencia artificial, para que sepas que no estás frente a un contenido enteramente humano.

Sí. Si un sistema de riesgo alto te niega un crédito, un trabajo o un beneficio social, tienes derecho a una explicación comprensible, en lenguaje accesible, de los criterios que influyeron en el resultado. Además, debieron informarte previamente sobre la finalidad, el funcionamiento y las decisiones que puede tomar el sistema.

En los sistemas de riesgo alto, la normativa exige supervisión humana obligatoria: una persona real responsable de la decisión, no solo el algoritmo actuando sin control.

No. La ley y su reglamento regulan el desarrollo y uso de sistemas de IA por entidades públicas y empresas, especialmente en usos de riesgo alto que afectan derechos (salud, educación, trabajo, créditos, programas sociales). No regula tu uso cotidiano y personal de apps de mensajería o redes sociales.

Pide la explicación por escrito. Si es una entidad pública, reclama por sus canales regulares citando la Ley 31814. Si es un problema de datos personales, acude a la ANPDP. Si es como consumidor frente a una empresa, acude a INDECOPI. Y si fue un deepfake, denuncia penalmente.

Sí. Usar IA —incluyendo deepfakes y manipulación de voz o imagen— para cometer difamación, estafa, pornografía infantil, plagio o violación de derechos de autor es ahora un agravante según la Ley 32314 (29-abr-2025). El juez puede aumentar la pena hasta un tercio sobre el máximo legal.

La difamación mediante deepfake que difunde información falsa o degradante se castiga con 1 a 3 años de prisión más 120 a 365 días-multa. La pornografía infantil generada con IA o deepfake tiene pena de 6 a 10 años de prisión. Estafa, plagio y propiedad intelectual reciben el agravante correspondiente.

Sí. El reglamento da 3 años adicionales a las microempresas y 2 años adicionales a las pequeñas empresas respecto del cronograma general por sectores.

La PCM, vía la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa. En datos personales, la ANPDP (Ministerio de Justicia) puede multar hasta 100 UIT (≈S/550,000) en infracciones muy graves y hasta 5 UIT (≈S/27,500) en leves. INDECOPI interviene en afectaciones al consumidor.